Los centros de enseñanza rechazan la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación
La Confederación de Centros no acepta las declaraciones de la ministra de Sanidad al afirmar que la Ley cuenta con gran consenso social
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha rechazado “categóricamente” la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación aprobada por el Gobierno el pasado viernes, por entender que se trata de “una ley arbitraria, que vulnera la normativa existente y no se ajusta a las directivas comunitarias”.
La CECE no acepta las declaraciones de la ministra de Sanidad cuando afirma que “la Ley cuenta con un gran consenso social”; ya que, el sector educativo –padres, profesores, organizaciones empresariales y sindicatos– ha rechazado la Ley. Además, la Confederación ha subrayado que tanto el Consejo de Estado como el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Económico y Social han realizado “profundas objeciones a la misma”.
En una nota de prensa, la Confederación Española de Centros de Enseñanza ha expresado su preocupación porque “se pretenda tramitar como ley ordinaria, por procedimiento de urgencia, cuando afecta al derecho fundamental a la educación, consagrado en el Artículo 27 de la Constitución y desarrollado por Ley Orgánica, 2/2006, o al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres regulado por la Ley Orgánica 3/2007, o a las leyes orgánicas que regulan la libertad de expresión e información, ya que de esta manera se elude la mayoría reforzada que impone la Constitución al Poder Legislativo para poder regular e injerirse en las libertades públicas y derechos fundamentales de los ciudadanos”.
En cuanto a la incidencia de la Ley en la Educación, la CECE ha señalado que el dictamen judicial ya subrayaba que la “redacción imprecisa” y “ambigua” del texto gubernamental establece un “margen de incertidumbre demasiado amplio”. “Margen de incertidumbre que sigue sin concreción como demandaba la CECE”, ha añadido la Confederación.
La CECE ha mostrado también su inquietud por la conflictividad que podría llegar a provocar “la definición del concepto de igualdad por una autoridad sancionadora arbitraria y sujeta a interpretaciones subjetivas o coyunturales”.
Por lo que se refiere a la educación concertada, la Confederación ha asegurado que la Ley cuestiona modelos pedagógicos avalados por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los organismos internacionales. Por ello –ha indicado la CECE–, “el Consejo General del Poder Judicial, ya proponía una modificación que garantizaría en materia de conciertos la seguridad jurídica y la máxima efectividad de los derechos fundamentales”.
